Hay una pregunta que rara vez nos hacemos cuando abrimos el navegador, enviamos un mensaje o hacemos una videollamada: ¿de quién es la red que estamos usando? No nos referimos al contrato con el proveedor de Internet, sino a la infraestructura física —las antenas, los cables, los routers, las fibras— que hace posible que nuestros datos viajen de un punto a otro. En la inmensa mayoría de los casos, esa infraestructura pertenece a corporaciones privadas cuyas decisiones sobre dónde desplegar, a qué precio y con qué calidad responden a criterios de rentabilidad, no de equidad.
Pero existe otra forma de pensar las telecomunicaciones. Una forma donde la red no es un servicio que se contrata, sino una infraestructura que se construye colectivamente. Donde los usuarios no son consumidores pasivos, sino participantes activos en la operación y gobernanza de la red. Donde la conectividad se entiende como un bien común, no como una mercancía. Esa forma tiene nombre: red comunitaria.
Guifi.net: la prueba de que funciona
Si alguien duda de que las redes comunitarias pueden funcionar a escala, basta con mirar a Cataluña. Allí, en la comarca de Osona, un ingeniero llamado Ramón Roca fundó en 2004 lo que hoy es guifi.net: la red comunitaria más grande del mundo, con más de 40.000 nodos activos que proporcionan conectividad a miles de hogares, empresas e instituciones públicas en toda España.
Guifi.net nació de la frustración. En las zonas rurales de Cataluña, los operadores de telecomunicaciones no encontraban rentable desplegar infraestructura. Los pueblos pequeños, las masías aisladas, los valles con poca densidad de población quedaban fuera del mapa digital. Roca y un grupo de vecinos decidieron resolver el problema por su cuenta: si el mercado no iba a conectarlos, ellos se conectarían solos.
El modelo de guifi.net se basa en un principio fundamental: la infraestructura de la red es un procomún. Cada persona o entidad que se conecta aporta un nodo (un router, una antena, un tramo de fibra) que pasa a ser parte del patrimonio común. Nadie es dueño de la red: la red es de todos los que la construyen. Este modelo está formalizado jurídicamente a través de la Licencia Procomún de la Red Abierta (LPRA), un documento legal que establece los derechos y obligaciones de todos los participantes.
Guifi.net en cifras
El modelo adaptado a Colombia
Bogotá Mesh no copió el modelo de guifi.net: lo adaptó. Las realidades de una ciudad latinoamericana de ocho millones de habitantes son distintas a las de las comarcas catalanas. En Bogotá, el problema no era tanto la ausencia absoluta de conectividad, sino su distribución desigual, su costo elevado para las familias de menores ingresos y la concentración del mercado en pocos operadores con prácticas oligopólicas.
Desde su fundación en 2008, Bogotá Mesh se propuso construir una red inalámbrica comunitaria usando tecnología WiFi y el protocolo de enrutamiento B.A.T.M.A.N., corriendo sobre firmware libre basado en OpenWrt. La idea era que cada participante instalara un nodo en su techo —un router de bajo costo con una antena apropiada— y que ese nodo se conectara automáticamente con los nodos vecinos, formando una malla que crecía orgánicamente.
A diferencia de guifi.net, que con el tiempo desplegó fibra óptica y estableció acuerdos de peering con operadores comerciales, Bogotá Mesh se mantuvo en el dominio inalámbrico puro. Esto tenía ventajas —menor costo de despliegue, mayor velocidad de expansión, independencia total de infraestructura ajena— y limitaciones —menor ancho de banda, mayor sensibilidad a interferencias, dependencia de la línea de visión entre antenas.
ISP comercial vs. red comunitaria
Para entender el valor de una red comunitaria, conviene contrastarla con el modelo convencional de un proveedor de servicios de Internet (ISP) comercial.
| Aspecto | ISP comercial | Red comunitaria |
|---|---|---|
| Propiedad | Corporación privada | La comunidad (procomún) |
| Motivación | Rentabilidad para accionistas | Conectividad como derecho |
| Gobernanza | Decisiones corporativas cerradas | Asambleas, licencias abiertas |
| Cobertura | Donde es rentable | Donde hay comunidad organizada |
| Neutralidad de red | Sujeta a regulación (variable) | Principio fundacional |
| Resiliencia | Centralizada (punto único de fallo) | Distribuida (mesh) |
| Privacidad | Datos de tráfico recopilados | Tráfico local, sin monetización de datos |
Las diferencias no son solo técnicas: son políticas. Una red comunitaria encarna un modelo de telecomunicaciones donde la conectividad es un bien público gestionado por la comunidad, no un producto vendido por una empresa. Esto no significa que los ISPs comerciales sean inherentemente malos —proporcionan un servicio valioso y a menudo eficiente—, sino que las redes comunitarias ofrecen una alternativa complementaria que puede llegar donde el mercado no llega y garantizar principios que el mercado no siempre respeta.
Soberanía digital y derecho a la conectividad
El concepto de soberanía digital ha ganado relevancia en la última década. En su sentido más amplio, se refiere al derecho de las personas, comunidades y naciones a controlar su propia infraestructura digital, sus datos y las reglas que gobiernan su participación en el espacio digital. Las redes comunitarias son una expresión concreta de soberanía digital a escala local.
Cuando una comunidad construye su propia red, está ejerciendo múltiples formas de soberanía. Soberanía sobre la infraestructura: los equipos son de la comunidad, no de un tercero. Soberanía sobre el tráfico: los datos no pasan por servidores corporativos que puedan inspeccionarlos, priorizarlos o venderlos. Soberanía sobre la gobernanza: las reglas de la red las decide la asamblea de usuarios, no un departamento legal corporativo.
En el contexto colombiano, la soberanía digital adquiere un matiz adicional. Colombia es un país con profundas desigualdades en el acceso a Internet. Según datos del DANE, la penetración de Internet fijo en hogares aún muestra brechas significativas entre zonas urbanas y rurales, entre estratos socioeconómicos altos y bajos, entre capitales departamentales y municipios pequeños. Las redes comunitarias no van a cerrar esas brechas por sí solas, pero pueden ser parte de la solución, especialmente en comunidades organizadas que no quieren esperar a que el mercado las atienda.
La red como bien común
La teoría económica tradicional clasifica los bienes según dos criterios: si su consumo por una persona reduce la disponibilidad para otras (rivalidad) y si se puede excluir a quien no paga (excludabilidad). Una red comunitaria desafía esta clasificación. Es parcialmente rival (el ancho de banda es finito) pero no excluible por diseño (cualquiera puede conectarse si instala un nodo). Esto la sitúa en la categoría de bienes comunes o procomunes, gobernados por las reglas que la propia comunidad establece.
Elinor Ostrom, premio Nobel de Economía en 2009, dedicó su carrera a demostrar que los bienes comunes pueden gestionarse eficientemente sin privatización ni control estatal, siempre que existan reglas claras, mecanismos de resolución de conflictos y participación de los afectados en la toma de decisiones. Guifi.net es un ejemplo vivo de los principios de Ostrom aplicados a las telecomunicaciones. Su Licencia Procomún establece exactamente eso: reglas claras, derechos y deberes explícitos, y un marco de gobernanza participativa.
«Una red comunitaria no es una alternativa barata al ADSL. Es una forma diferente de entender las telecomunicaciones: como infraestructura pública construida desde abajo.» — Principios de Bogotá Mesh, 2010
El camino por delante
Las redes comunitarias no son una utopía: son una realidad con más de dos décadas de historia, miles de nodos operativos en todo el mundo y un reconocimiento institucional creciente. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Internet Society y múltiples gobiernos nacionales han reconocido el papel de las redes comunitarias como complemento necesario de la conectividad comercial, especialmente en zonas desatendidas.
En Colombia, la Ley TIC de 2019 y sus decretos reglamentarios abren espacios para las redes comunitarias, aunque el camino regulatorio sigue siendo complejo. Proyectos como Bogotá Mesh, junto con iniciativas en Bucaramanga, Medellín y zonas rurales de Boyacá y Cauca, han demostrado que el modelo es viable en el contexto colombiano. Lo que falta no es tecnología —los routers son baratos, el espectro de 2.4 y 5 GHz es libre, el firmware es open source—, sino masa crítica: suficientes personas convencidas de que la conectividad es un derecho que pueden construir con sus propias manos.
La red por y para los usuarios no es un eslogan: es una descripción técnica y política de cómo deberían funcionar las telecomunicaciones en una sociedad democrática. Cada nodo instalado en un techo bogotano, cada cantenna soldada en un hackerspace, cada manual publicado bajo licencia libre es un paso hacia ese horizonte. La pregunta no es si las redes comunitarias pueden funcionar —ya demostraron que sí—, sino cuántas personas están dispuestas a construirlas.